Sede Electrónica

El marco normativo en el ámbito de la Política de Seguridad de la Información del Ayuntamiento de Gijón está integrado por las siguientes normas:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
• Reglamento (UE) 910/2014 del parlamento europeo y del consejo, de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
• Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
• Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.
• Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
• Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
• Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
• Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
• Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
• Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
• Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del Registro electrónico de facturas en el sector público.
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.
• Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
• Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Gijón (BOPA 3 de marzo de 2010).
• Ordenanza de Transparencia, acceso a la información, reutilización y buen gobierno del Ayuntamiento de Gijón (BOPA 28 de noviembre de 2016).
• Política de identificación y firma del Ayuntamiento de Gijón (BOPA 23 de octubre de 2020).

Asimismo, resultarán de aplicación cuantas otras normas regulen la actividad del Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias y aquellas otras dirigidas a asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en los medios electrónicos gestionados por la Corporación igualmente en el ejercicio de sus competencias.